Servindi, 8 de octubre, 2024.- Líderes indígenas de Brasil y Perú denuncian la inacción del Estado peruano ante la construcción de la carretera ilegal transfronteriza Nueva Italia – Puerto Breu.
El llamado lo efectuaron al concluir en Pucallpa la sétima reunión de trabajo de la Comisión Transfronteriza Alto Yurúa, Juruá y Alto Tamaya preocupados por la indiferencia y falta de respuesta del Estado peruano.
La carretera ilegal carece de estudio de impacto ambiental (EIA) y no respeta el derecho a la consulta previa, libre e informada, advierten los afectados articulados en la Red de comunidades y organizaciones indígenas y no indígena de la frontera entre Perú y Brasil.
El encuentro evaluó los avances en la implementación de las estrategias de protección territorial frente a las amenazas a sus territorios que representa la carretera ilegal y adoptó una declaración.
Pese a las demandas se siguen promoviendo desde el Congreso de la Republica, el Gobierno Regional de Ucayali y el Gobierno local de la provincia de Atalaya, proyectos de infraestructura que afectan drásticamente el territorio indígena en la frontera Alto Yurúa, Juruá y Alto Tamaya.
La Comisión Transfronteriza exige transparencia, diálogo y que este problema se incluya en la discusión y atención del Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Transfronteriza de Perú.
En ese espacio se debe asegurar la participación directa de los pueblos que viven en la región fronteriza de Perú y Brasil.
La Comisión Transfronteriza también aclaró que la construcción ilegal de dicha carretera no conectará con una carretera en Brasil. Esto debido a que el Poder Judicial de Brasil declaró en junio de 2023, la nulidad de la licitación y del contrato relacionados con el proyecto de extensión de la carretera BR-364.
El Poder Judicial de Brasil ordenó al Estado brasileño abstenerse de tomar cualquier medida relacionada con ese proyecto hasta en que no sean respetados los derechos de las comunidades afectadas.
Además, solicitan el mejoramiento e inversión en el aeródromo de Breu, que es una alternativa para el desplazamiento de un lugar a otro de las poblaciones locales, y que no impacta de manera significativa su modo de vida, como es la apertura de una carretera.
Entre otras demandas, exigen que los ministerios de Relaciones Exteriores de los gobiernos de Perú y Brasil se articulen para frenar el avance del narcotráfico y el asentamiento de colonos en la región del Alto Yurúa, Juruá, Alto Tamaya.
Finalmente declaran inaceptable cualquier proyecto que pretenda destruir o ponga en riesgo la protección de los bosques, ríos y la biodiversidad de esta región.
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