RSS - PostsServindi dialogó con Carolina Juaneda del Centro de Información Bancaria o Banking Information Center (BIC, por su nombre en inglés) sobre el programa Iniciativa Amazónica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID-IAMZ) y sobre el cual se expuso en la Quinta Cumbre Amazónica de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), realizada el 5 y 6 de setiembre en Lima. He aquí el resultado de la fructífera entrevista.
– Podríamos decirnos tu nombre, nacionalidad y unas palabras sobre el Centro de Información Bancaria
Mi nombre es Carolina Juaneda (Argentina) y coordino el programa de América Latina en el Centro de Información Bancaria o Banking Information Center (BIC, por su nombre en inglés). Mi entidad es una organización no gubernamental (ONG) independiente, con sede en Washington D.C. y tiene más de 35 años.
Como oenegé surgió para abogar por la transparencia y la rendición de cuentas de los resultados ambientales y sociales de las inversiones que hacen los bancos multilaterales de desarrollo o instituciones financieras internacionales (IFI) en los distintos países.
En América Latina específicamente nos focalizamos en el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Development Finance Corporation (DFC) de Estados Unidos. Se puede decir que nuestro foco es monitorear y ser exigentes vigilantes de las operaciones, proyectos y programas que financia la banca multilateral en la región.
Es preciso indicar que nuestro trabajo siempre se hace en articulación con ONG que tienen articulación con comunidades locales o lo hacemos directamente con las comunidades. Nuestro trabajo de incidencia está guiado por esa articulación y colaboración con socios o aliados locales en los países, ya que ellos son los expertos en los territorios y creemos que, en última instancia, nuestro trabajo es apoyar a que las comunidades o grupos que están siendo o creen que van a ser negativamente impactados o dañados por un proyecto puedan elevar sus voces frente a la Banca Multilateral.
Por ejemplo, nuestro trabajo en los territorios es monitorear distintos proyectos, hacer política o incidencia a nivel de las IFI, presionando a las instituciones como el Banco Mundial y el BID para que fortalezcan sus marcos de políticas ambientales y sociales, mejoren sus prácticas y mecanismos de rendición de cuentas, donde las comunidades pueden presentar quejas por proyectos que los dañan.
Son más de 35 años empujando por un lado en la cuestión de política de incidencia, buscando que las instituciones financieras reorienten su trabajo y al mismo tiempo articulando y apoyando a las comunidades que son negativamente impactadas por estos proyectos y generar discusiones con la banca multinacional sobre estas cuestiones.
– ¿Qué pasivos tiene el Banco Interamericano de Desarrollo frente a los pueblos indígenas, en el sentido de que ha habido intervenciones que no han sido felizmente bien aterrizadas? ¿Recuerdas algunos pasivos importantes que ha cometido o ha tenido el BID frente a pueblos indígenas amazónicos?
Sí, por ahí dos proyectos concretos que se me vienen a la cabeza actualmente que incluso todavía siguen en implementación o sin resolverse. Se trata de un proyecto de titulación de tierras en Bolivia donde supuestamente se iba a titular tierras indígenas en conversación con el pueblo chiquitano. Pero, una mala gestión del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y cambios en el gobierno de Bolivia sucedió que nunca se implementaron los acuerdos, principalmente el compromiso de un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS). De esta manera quedaron pendientes distintos mecanismos de diálogo participativos para la protección de los derechos de los pueblos indígenas que buscaban evitar que se genere un impacto contrario como, por ejemplo, favorecer la titulación de colonos y terminar desplazando a comunidades y pueblos de sus territorios.
Otro caso, pero este es del Banco Mundial, es un proyecto carretero, también en Bolivia, que ya lleva más de tres años de implementación, pero no se avanza de igual manera con los mecanismos de protección y beneficios para los pueblos indígenas que van a ser impactados por esta carretera, por ejemplo, la implementación de un plan para pueblos indígenas, donde se propongan acciones para minimizar o restaurar los impactos negativos generados por el proyecto.
En Perú es notable lo sucedido con el Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales (PTRT3) del BID, que con $80 millones solo tituló a 6 comunidades de las 430 comprometidas, incluso con queja ante el Mecanismos Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del BID. Y peor aún, favoreció la parcelación individual de muchos colonos.
En teoría esos proyectos de titulación habían sido pensados para beneficiar directamente a los pueblos indígenas, pero terminan o perjudicándolos o no implementándose. Y el de la carretera que es un proyecto de infraestructura que vemos va a impactar en territorios indígenas observamos que no se están implementando adecuadamente los planes que se han desarrollado para proteger debidamente sus derechos.
– Entonces, si no se tienen las precauciones y no se articula con las comunidades, pueblos indígenas y las poblaciones de la Amazonía hay una especie de corresponsabilidad entre el Banco Interamericano y los gobiernos en estos deficientes resultados.
Totalmente. Lo que vemos que tiende a fallar es la correcta aplicación de las salvaguardas sociales y ambientales de los bancos multilaterales porque la responsabilidad de implementar las salvaguardas recae en los gobiernos. El rol principal que tienen los bancos que financian estos proyectos es de supervisar o monitorear para garantizar que sus clientes estén ejecutando de manera efectiva los proyectos en línea con las salvaguardas sociales y ambientales. Para esto deben capacitar y supervisar con firmeza a sus clientes, es decir, apoyarlos a implementar correctamente estos marcos de salvaguardas. Por ejemplo, puede suceder que haya instancias de gobiernos locales, como municipalidades, que no estén preparados o no tengan las capacidades instaladas ni recursos para implementar estos estándares, estándares que suelen ser muy exigentes en términos de protecciones de derechos y que suelen estar alineados con buenas prácticas y altos estándares internacionales.
Lo que vemos que tiende a fallar es la correcta aplicación de las salvaguardas sociales y ambientales de los bancos multilaterales porque la responsabilidad de implementar las salvaguardas recae en los gobiernos;
Entonces, resulta que no capacitan ni supervisan bien y lo que suelen hacer en muchos proyectos es recibir información en una especie de “autofoto” o “self reporting” en que los clientes reportan al banco, pero no se hace un trabajo para verificar si lo que le informa el cliente corresponde a la realidad y es correcto, contrastando con la opinión de las comunidades involucradas.
Y la única forma en que ellos pueden verificar es viajando al territorio, teniendo personas de los bancos en los territorios en los países. Es decir, teniendo “ojos” y “oídos” en los territorios. De no ser así solo hacen una especie de “check-in the box” y encajonan la información que le pasan los gobiernos, sin verificarla. Esto ocurre con frecuencia y es así como se generan estas desconexiones entre los objetivos de desarrollo que supuestamente promueven los proyectos y cómo ese resultado para el desarrollo se materializa u operacionaliza en el terreno para terminar impactando de manera negativa o beneficiando a las comunidades.
– A propósito que mencionas el tema de salvaguardas ¿Qué nivel de estándar tienen las salvaguardas del BID respecto a las salvaguardas de otras entidades? ¿Son de buen nivel estas salvaguardas, aunque sea teóricamente o en el papel?
El BID pasó por un proceso de revisión de su marco de salvaguardas en 2020 y la verdad fue un proceso en que la sociedad civil participó intensamente. Participaron los pueblos indígenas articulados en la Coordinadora de Organizaciones de la Cuenca Amazónica (COICA) y se hicieron consultas presenciales y virtuales en diversos países. Y lo más importante es que se incluyeron muchas de las recomendaciones realizadas por comunidades impactadas, por los pueblos indígenas, la sociedad civil en el Marco de Políticas Ambientales y Sociales (MPAS) final que se aprobó en diciembre de 2020.
En mi opinión, se aprobó un marco bien robusto, bien fuerte. Para darte una idea, se incluye una lista de exclusión de que el BID no va a financiar ningún tipo de proyecto que use combustibles fósiles, con algunas excepciones con el gas; pero bueno, los combustibles fósiles quedaron eliminados en una lista de exclusión. También se incluyen requisitos de los países como requisitos específicos para proteger, por ejemplo, a los pueblos indígenas en contacto inicial y en aislamiento, agrega una disposición que prohíbe al Prestatario emprender proyectos que impliquen la titulación individual en territorios indígenas.
Otro ejemplo, es el compromiso de mejorar la participación de partes interesadas y comunidades afectadas por los proyectos consiste en la obligación de respetar el derecho de acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental de conformidad con los principios del Acuerdo de Escazú.
Se incluye el principio de potenciar beneficios o “hacer el bien más allá del principio de no generar perjuicios” en los proyectos, comprometiendosé el BID a maximizar los beneficios del desarrollo sostenible cuando se identifiquen oportunidades en el diseño del proyecto. Este principio va de “hacer el bien” va más allá de solamente –como era previamente– de mitigar o evitar el daño. Ahora se trata de ser más proactivo. También se incluye una salvaguardia específica, por ejemplo, de género, otra salvaguarda específica de participación de las partes interesadas y divulgación de la información que requiere consultar con partes interesadas y comunidades impactadas desde la concepción de un proyecto hasta el final, y esas consultas deben ser significativas, transparentes, inclusivas, que impliquen un verdadero ida y vuelta para que las comunidades puedan efectivamente tener una voz y capacidad para tomar decisiones sobre identificación de impactos y riesgos y cómo mitigarlos y gestionarlos en el proceso de diseño e implementación de estos proyectos.
yo diría que las salvaguardas del BID son mucho más robustas que las del Banco Mundial, por lo menos en el papel.
Otra de las cuestiones importantes es que se agregaron mecanismos más robustos para la supervisión por parte del BID y los procesos de debida diligencia ambiental y social, por ejemplo, la necesidad de revisar los riesgos contextuales de un proyecto. También agrega el principio precautorio. Además, el BID y los clientes deben informar sobre la existencia de los mecanismos de rendición de cuentas que existen a nivel de la administración y a nivel del banco donde las comunidades pueden presentar quejas cuando algo sale mal con los proyectos. También se incluye un requisito para no tolerar represalias en el contexto de los proyectos que ellos financian. El nuevo marco también pone especial énfasis en grupos marginalizados como afrodescendientes, trabajadores migrantes, niños/as, personas con discapacidad y personas LGBTIQ.
Entonces tenemos un marco de políticas (que son las normativas que los Bancos y clientes deben cumplir cuando diseñan e implementan un proyecto) que incluye diez estándares sociales y ambientales y en las diez se han fortalecido muchos conceptos y puntos como mencioné anteriormente. Es definitivamente mucho mejor a lo que se tenía. Es más, yo diría que las salvaguardas del BID son mucho más robustas que las del Banco Mundial, por lo menos en el papel.
Ahora bueno, es menester decir que el BID está en proceso de preparar todo el terreno para la implementación del nuevo Marco de Política Ambiental y Social (MPAS). Hay que ver si tienen el presupuesto adecuado y suficiente para implementar este nuevo marco que incluye nuevas áreas como género, participación de las partes interesadas, análisis de riesgos contextuales, no tolerar represalias, derechos más fuertes para los/as trabajadores, inclusión, derechos humanos, entre otros aspectos que antes no estaban incorporados en las políticas.
Está por ejemplo el tema de inclusión de la diversidad, de personas con discapacidad, población LGBTIQ, afrodescendientes, etc. Antes no se tenían especialistas en el banco para estos temas, pero entonces tienen que sumar especialistas para saber cómo abordar estos temas en el marco de los proyectos que ellos financian, tiene que tener más gente en el terreno, en las oficinas del BID de los países para garantizar que los gobiernos implementen bien estos proyectos y cuente con la partida presupuestal adecuada para apoyar a los distintos equipos.
Existen aún muchas preguntas que todavía no están claras sobre cómo se va garantizar una efectiva implementación y que creo que el BID tiene que aclarar y que nosotros como sociedad civil, vamos a estar observando con bastante atención para observar en qué deriva o cómo se empiezan a implementar los primeros proyectos con el nuevo marco de salvaguardas ambientales y sociales.
– A pesar de las incertidumbres y de los antecedentes negativos que vimos al principio ¿Qué ventajas ofrece la propuesta de bioeconomía para los pueblos indígenas amazónicos?
Yo creo que más que ventajas diría que se trata de posibilidades en veremos para los pueblos porque –y esto ya en el marco de la Iniciativa Amazónica específica– sabemos que muchos de los pueblos indígenas, incluso comunidades tradicionales amazónicas, afrodescendientes, tienen sus propias iniciativas de bioeconomía. Y son los pueblos quienes a través de su conocimiento y sabiduría ancestral conocen mejor las propiedades de los productos y lo manejan de una manera equilibrada a través de una visión holística.
Esto lo hacen, digamos, de manera milenaria y hay muchas iniciativas de este tipo y creo que es una oportunidad para que las grandes agencias de financiamiento multilaterales reconozcan este rol de los pueblos indígenas como protectores del bosque, pero también como motores y promotores de una economía justa, de una economía indígena que puede proveer productos de calidad, pero al mismo tiempo que están bien arraigados en la cultura indígena que conservan, protegen al bosque en pie.
Entonces, yo creo que es una oportunidad y posibilidad que debería derivar en apoyar estos emprendimientos indígenas alineados con planes de vida indígenas. Así este tipo de iniciativas podrían cumplir un doble rol: no sólo de reconocer a los pueblos indígenas por el trabajo que vienen haciendo históricamente (reconocer su rol histórico-culltural) en proteger y conservar los bosques, es decir, mantener al bosque en pie, sino que también su debido reconocimiento monetario por el trabajo que vienen haciendo y que esto no se haga financiando a empresas privadas u otras ONG que actuan como intermediarias donde los indígenas en muchos casos terminan siendo meros beneficiarios y no agentes partícipes y protagonistas de estos procesos. Se debe empezar a apoyar a las organizaciones indígenas directamente para que puedan ser seguir haciendo su trabajo, sosteniendo sus modos de vida, etc que aportan una solución al cambio climático y la conservación y protección de los bosques.
– ¿El concepto de bioeconomía que sostiene el BID es permeable y flexible para incorporar estas diversas perspectivas indígenas? ¿Cree usted que puede convertirse en una herramienta útil para los pueblos indígenas?
Podría serlo si es que el BID da ese debate hoy. Si uno va a la nota conceptual de lo que es la Iniciativa Amazónica y en la nota de fondo de la propuesta que presentaron al Fondo Verde del Clima (FVC) se observa que el concepto de bioeconomía puede ser todo o nada al mismo tiempo; y esta falta de precisión puede ser muy peligroso si solo se reduce a apoyar al sector empresarial.
que el concepto de bioeconomía puede ser todo o nada al mismo tiempo; y esta falta de precisión puede ser muy peligroso si solo se reduce a apoyar al sector empresarial.
Entonces el BID tiene que definir mejor qué es la bioeconomía. Qué tipo de empresas va a apoyar y tiene que verificar a las empresas que trabajan en la Amazonía, digamos hacer una especie de verificación para conocer si tienen ya inversiones similares y si sus empresas vienen trabajando y tienen experiencia con pueblos indígenas, y como es la realidad de relaciones equitativas, justas, transparentes y la afectación o no de la heterogeneidad del bosque, esencial para su reproducción.
Todos esos asuntos son importantes y si no los vemos se va a terminar apoyando a la empresa tradicional que va más a la presión de expandir la cultura agrícola y ganadera a la Amazonía contribuyendo a la fragmentación de la heterogeneidad del bosque y de su biodiversidad.
La riqueza de la economía indígena holística es justamente la protección de la diversidad del bosque, basada en sus conocimientos ancestrales y la sabiduría y cosmovisión de cada pueblo.
Entonces, los pueblos indígenas tienen una oportunidad, pero si realmente el BID hace el esfuerzo de dar esa discusión y encontrar una manera efectiva de operacionalizar los principales lineamientos que salgan de esa discusión.
Entonces, los pueblos indígenas tienen una oportunidad, pero si realmente el BID hace el esfuerzo de dar esa discusión y encontrar una manera efectiva de operacionalizar los principales lineamientos que salgan de esa discusión. Cabe aclarar que esa discusión se debe dar y sostener con todos los pueblos de la amazonía. Debo decir también que por lo menos hemos recibido señales de que hoy el BID quiere dar esa discusión en la cual se asienten lineamientos concretos de cómo van a pensar sus proyectos y cuál será el concepto de bioeconomía que se reflejará a través de sus proyectos.
Un logro importante y desafío será que los pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes y comunidades quilombolas logren, permear o hacer visible el concepto de una bioeconomía holística basada en los planes de vidas indígenas.
Una cosa importante es que hay que tener precaución entre lo que dice el BID y después como se baja eso a la realidad, en operaciones concretas, en la mediación y filtros de cada gobierno y operadores de proyectos locales concretos.
PUBLICADO POR: SERVINDI
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