RSS - PostsServindi, 26 de julio, 2021.- En 6 de setiembre de 2019 siete países amazónicos suscribieron el Pacto de Leticia, acuciados por la crisis ambiental generada por los incendios producidos en agosto de ese año.
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Actualmente, el Pacto de Leticia está siendo financiado por el Fondo de desarrollo sostenible y bioeconomía de la Amazonía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), impulsada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) de Brasil y el BID.
Se espera que inicie en 2021 con un fondo inicial de USD 300 millones; mientras que además existen otras iniciativas del BID, y otros actores que han mostrado interés en la Amazonía, como la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Lo preocupante es que el Pacto de Leticia no es una garantìa para el respeto de los derechos indígenas y la generación de medidas con enfoque intercultural.
A pesar de haberse adoptado en la triple frontera de Brasil, Colombia y Perú – una zona con mayoritaria población indígena – no se les hizo partícipes a los pueblos originarios del acuerdo, debilitando la legitimidad del acuerdo.
Así lo explica una cartilla didáctica elaborada por la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Funders Organized for Rights in the Global Economy (FORGE) y Response and Vision Fund (RVF).
En sus cinco páginas explica los alcances de dicho pacto y proporciona algunas recomendaciones para lograr su implementación efectiva y adecuada.
Coloca como tema pendiente que las acciones de reactivación economica que tomen como base el Pacto de Leticia “reivindiquen y garanticen la inclusión efectiva y oportuna de los derechos de dichos pueblos”.
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El Pacto de Leticia fue suscrito por el Estado Plurinacional de Bolivia, la República Federativa del Brasil, la República de Colombia, la República del Ecuador, la República de Guyana, la República del Perú y República de Surinam.
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