RSS - PostsEl pasado 25 de septiembre, y tras menos de una hora de debate, los diputados estatales de la Asamblea Legislativa de Rondonia eliminaron 11 áreas protegidas que abarcan cerca de 600 000 hectáreas de bosque. Esta cifra equivale al 3 % de la superficie total de ese estado. La medida fue aprobada en tiempo récord: el proyecto de ley ingresó a la Asamblea en la mañana y para la tarde ya se había convertido en ley.
Sin embargo, esta jugada no fue sorpresiva. Por el contrario, la aprobación fue el resultado de una batalla encarnizada a lo largo de seis meses librada entre la bancada ruralista (grupo de presión de la agroindustria) en la Asamblea Legislativa y el Gobierno estatal (respaldado por los ambientalistas).
La Asamblea Legislativa del estado de Rondonia votando la eliminación de 11 áreas protegidas. Imagen de Gilmar de Jesús/ALE-RO.
El 20 de marzo de 2018, el Gobierno estatal había dictado un decreto mediante el cual se creaban 11 áreas protegidas. Sin embargo, al escuchar los rumores acerca de la inminente firma de este decreto, el diputado estatal de derecha Alex Redano reaccionó rápidamente. Así, introdujo una enmienda constitucional (PEC 037/2017) que impedía la creación de todo tipo de área protegida por parte del Gobierno estatal sin la consulta previa a la Asamblea. Esta enmienda fue aprobada el mismo día en que se promulgó el decreto que creaba las 11 áreas protegidas.
Esto generó una fuerte disputa legislativa. Aún cuando la Asamblea había aprobado el decreto que suspendía la creación de las áreas protegidas, este, a su vez, fue rechazado por el Tribunal de Justicia de Rondonia. De este modo, la creación de las áreas protegidas continuaba su curso.
Ante esta situación, el grupo de presión de los agronegocios de la Asamblea no se dio por vencido. Según Hamilton Santiago Pereira, secretario de estado de Desarrollo Ambiental, la bancada ruralista exigió la eliminación de la mayor área protegida recientemente creada: la Estación Ecológica Soldado del Caucho (Estação Ecológica Soldado da Borracha), con una superficie de 178 948 hectáreas. A cambio, el sector ofrecía su apoyo para lograr la aprobación de una ley de emergencia que buscaba aumentar los ingresos públicos necesarios para afrontar pagos fundamentales; entre ellos, los salarios de los funcionarios. El Gobierno estatal aceptó la propuesta a regañadientes.
La Estación Ecológica Soldado del Caucho, denominada así por los miles de migrantes que arribaron a la región durante la Segunda Guerra Mundial como recolectores, había sido establecida en marzo como Reserva de Desarrollo Sustentable (RDS). El plan era permitirles a las poblaciones tradicionales permanecer en el lugar, pero expulsar a todos los invasores involucrados en la tala ilegal.
El Gobierno convino eliminar solamente esta área protegida. Sin embargo, aprovechando la ocasión, la Asamblea aprobó de manera sorpresiva la enmienda que eliminaba las 11 áreas protegidas. El diputado estatal José Eurípides Clemente, conocido como Lebrão, posteriormente declaró que la Asamblea estaba conformada por “diputados rurales que están comprometidos con el estado de Rondonia de manera general, pero más específicamente con los agronegocios”.
Y agregó: “Que la extinción de las áreas protegidas sirva de ejemplo a los futuros gobernantes, para que no pasen más por encima de la Asamblea Legislativa”.
Por su parte, el diputado estatal Maurão de Carvalho sostuvo: “No caben más reservas en Rondonia. Tenemos demasiadas”.
Mauricio Voivodic, director ejecutivo de WWF-Brasil y una de las principales voces en defensa de las nuevas áreas protegidas, afirmó: “Esta decisión no ha sido debatida con la sociedad. Es fundamental mantener esas unidades de conservación. Si se va el bosque, se van con él todos los servicios ambientales de los cuales depende la humanidad”. La selva amazónica es clave para el secuestro de carbono, lo cual ayuda a reducir la peligrosa escalada del calentamiento global causada por el hombre.
El debate acerca del uso de la tierra es particularmente feroz en Rondonia. Las últimas cifras publicadas por el Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE) muestran que, mientras hace 30 años solo el 2 % de la superficie estatal había sido deforestada, en la actualidad la cifra asciende a un 28,5 %. La cifra más alta entre los estados amazónicos. Las principales causas de ello son la migración masiva de familias en búsqueda de tierras alentada por el Gobierno, la expansión descontrolada de la tala y el desmonte para la actividad ganadera.
De acuerdo con los conservacionistas, resulta evidente que quedan pocas tierras disponibles para la deforestación legal. Según el Código Forestal Brasileño, todos los terratenientes de los nueve estados conocidos como la “Amazonía Legal” están obligados a destinar un 80 % de sus tierras a la creación de reservas de bosque intacto. En Rondonia, las áreas protegidas, incluidas las reservas indígenas, abarcan cerca del 40 % de la superficie estatal.
Como consecuencia, en la actualidad, muchos de aquellos que buscan tierras invaden áreas protegidas. Estas incursiones ilegales podrían generar una escalada de la violencia en los enfrentamientos con los grupos indígenas y las autoridades de aplicación de la ley; en especial, si la bancada ruralista fortalece su dominio sobre la Asamblea tras la pasada elección nacional, como parece probable.
por Sue Branford en 22 diciembre 2018 | Translated by Soledad Agüero
FONTE: 
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