Aidesep, organización vocera de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, exige anular proyecto normativo o someterlo a consulta previa. Acusan que propuesta alienta ecocidio y etnocidio amazónicos, llevando a los pueblos a una situación de desprotección extrema, especialmente a los pueblos indígenas en aislamiento. 

Servindi, 12 de setiembre, 2018.- La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) rechazó enérgicamente la aprobación inminente de la Ley de Hidrocarburos, por poner en grave riesgo los derechos de los pueblos indígenas.

En una carta abierta al Ejecutivo y Legislativo, Aidesep y sus nueves organizaciones regionales acusaron que este proyecto normativo pone a los pueblos indígenas amazónicos en una situación de desprotección extrema, especialmente a los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial (PIACI), quienes soportan un etnocidio camuflado, como es el caso del pueblo Nahua.

Asimismo, remarcan que viola derechos fundamentales como a la vida, integridad personal, existencia digna, a la salud, entre otros; vulnerando los derechos de los pueblos indígenas, la Ley de Consulta Previa y el Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas.

De esta forma Aidesep expresó su desacuerdo con la aprobación del texto sustitutorio del pre dictamen de una serie de proyectos acumulados, los cuales podrían discutirse y aprobarse en cualquier momento en el Pleno del Congreso.

La organización vocera de los pueblos indígenas amazónicos denunció que la propuesta normativa enfatiza medidas como ampliar los contratos de los actuales operadores por 20 años más y de las nuevas operaciones hasta por 80 años.

Igualmente, propone la exoneración del pago por daños ambientales y sociales de las empresas, así como diversas medidas que apuntan a rebajar los controles ambientales, alentando el debilitamiento del marco regulatorio ambiental. 

Ante ello, exigen que dicho proyecto normativo (acumulatorio de diversos proyectos de ley) se derogue o sea sometido a consulta previa. De igual forma, exigen que el presidente Martín Vizcarra se pronuncie, y que intervenga la Defensoría del Pueblo.

Para leer la carta abierta puede dar clic aquí.