Dos comunidades indígenas Wampis en el noreste del Perú están viendo el comienzo de la remediación de los daños ambientales en sus tierras, marcadas por años de contaminación petrolera.                         

Las comunidades indígenas de Fernando Rosas y Arutam siguen luchando por compensación tras preocupaciones de salud y el acceso al agua potable desde hace mucho tiempo en tierras cruzadas por el Oleoducto NorPeruano, operado por la empresa petrolera estatal, Petroperú. 

Comuneros de las dos comunidades Wampis, cuyas tierras tradicionales se encuentran en la cuenca Morona, en el departamento de Loreto en la Amazonía peruana, vienen sufriendo los impactos de derrames de petróleo de una estación cercana desde hace décadas. Sin embargo, sus reclamos en contra de Petroperú han sido ignorados. 

José Peña Cachique, un dirigente de Fernando Rosas, explicó a la prensa peruanaque solo fue más recientemente, en abril de 2017, cuando el Gobierno peruano se vio forzado a tomar en serio a la comunidad cuando, con el apoyo del Gobierno Territorial Autonomo de la Nación Wampis (GTANW), Forest Peoples Programme (FPP) y el Instituto de Defensa Legal (IDL), pudieron analizar muestras del suelo y agua. El análisis presentó evidencias incontrovertibles de la contaminación grave de sus aguas del OleoductoNorperuano.

En realidad, las pruebas incriminatorias de este análisis no fueron suficientes, y la comunidad fue obligado a presentar una queja formal al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Desde entonces, tanto el OEFA como Petroperú han realizado visitas a las comunidades afectadas para recoger pruebas adicionales.

Cuando estas visitas no resultaron en ninguna acción decidida para responder a las preocupaciones de salud de las comunidades y sus reclamos en cuanto al agua segura y la remediación, 200 comuneros de Fernando Rosas resolvieron a tomar la Estación 4 el 24 de abril de 2018. Al inicio, Petroperú respondió a través de un pronunciamiento denunciando la toma y señalando – falsamente – que las protestas fueron provocadas por un corte eléctrico. Las protestas se pararon el 27 de abril, cuando la petrolera y los ministerios implicados en la contaminación ya se habían acordado de abrir un dialogo con el fin de encontrar soluciones.

Las comunidades Wampis impactadas por la contaminación petrolera siguen luchando para asegurar la justicia. Crédito: Dan Haworth-Salter.

Una delegación compuesta de líderes comunales y del GTANW se reunieron con la empresa en Lima a inicios de mayo para presentar sus reclamos. Estos incluyeron la remediación de los daños ambientales a la quebrada Shifeco y el Río Morona, principales fuentes de agua de ambas comunidades; la instalación de una motobomba de agua para reemplazar un sistema en muy mal estado, previamente dotado por Petroperú; garantizar el acceso a una fuente de agua segura; y la creación de un puesto de salud en la zona.

Desde entonces, los Wampis han ganado compromisos favorables de Petroperú, que ya comenzó la remediación en su territorio y se ha comprometido a instalar una motobomba de agua para ambas comunidades. Sin embargo, el contexto más amplio parece menos halagüeño: Petroperú todavía se niega a asumir su responsabilidad y recompensar las comunidades afectadas a lo largo del oleoducto. La empresaemitió una señal clara de esta postura justo en la misma semana del dialogo con los Wampis, cuando informó que habíaapelado una histórica resolución del OEFAde diciembre de 2017, que le exigía realizar el mantenimiento efectivo del Oleoducto contaminanteen relación con la contaminación petrolera en Morona y Imaza. Hacia finales de junio salió la noticia que la empresa había logrado archivar temporalmente esta resolución, por atrapar al OEFA con un tecnicismo menor. Ahora, el OEFA debe volver a aperturar el caso para asegurar que seimpute responsabilidad a Petroperú por los derrames. Además, Wrays Pérez Ramírez, pamuk o presidente del GTANW, observa que los comuneros reciben pagos ínfimos para realizar el trabajo arduo y peligroso de remediar la contaminación petrolera. 

Después de una reunión con el Ministerio de Vivienda tratando de una fuente de agua adecuada para Fernando Rosas y Arutam, los Wampis esperan una respuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros, la encargada de coordinar entre los ministerios pertinentes y Petroperú para llegar a una solución. Mientras tanto, el Ministerio de Salud se ha comprometido a crear un anexo de puesto de salud en Fernando Rosas.

Wrays Pérez Ramírez, Pamuk del GTANW, señaló: “Al mismo tiempo que saludamos este avance para las comunidades afectadas por la contaminación del Oleoducto, fruto de los esfuerzos de las mismas comunidades y sus aliados, la cuestión sigue siendo: ¿por qué las autoridades nacionales no hicieron ningún caso a los comuneros de Fernando Rosas y Arutam durante tanto tiempo, incluso cuando esta contaminación se daba en los alrededores de la estación de Petroperú? Y ¿por qué las autoridades han demorado tanto en resolver el problema de las comunidades?”

En este respeto, Juan Carlos Ruíz Molleda, coordinador del Área de Pueblos Indígenas del IDL, resaltó que: “Existe un procedimiento bien claro (en el Decreto Supremo 081-2007-EM) para normar lo que debe hacer el Estado ante este tipo de emergencia, incluyendo el traslado de las autoridades pertinentes a la zona, la implementación de medidas para asegurar la provisión de agua potable y la provisión de compensaciones para los daños ocasionados por la contaminación. Sin embargo, en este caso solo se ha cumplido una parte y las comunidades afectadas se han visto obligados a luchar paso a paso para que el Estado recién cumpla con sus responsabilidades básicas.” 

NOTAS:

• Existe una larga historia de la contaminación por petroleo en el norte de la Amazonía peruana, desde que Occidental Petroleum comenzó sus operaciones en las cuencas Tigre, Corrientes, Pastaza y Marañón en 1971.
• Durante los casi cincuenta años de operaciones, las organizaciones indígenas han denunciado continuamente los repetidos derrames de los oleoductos, las fugas de residuos tóxicos de las balsas de perforación hasta los ríos y lagos, y los vertidos a gran escala en los ríos de las “aguas de producción” con temperaturas de hasta 90 grados celsius y un elevado contenido en bario. En 2005 se estimó que Pluspetrol vertió aproximadamente la cantidad equivalente a 1,1 millones de barriles de estos residuos en los ríos Corrientes, Tigre, Pastaza y Marañón. Todas estas actividades han tenido un impacto devastador no solo en la salud de sus territorios, sino en los animales y peces que constituyen la base de su sustento y en la salud de los miembros de las comunidades.
• Pese a las numerosas protestas, las movilizaciones y las abundantes pruebas, solo en 2012 el Gobierno creó una comisión multisectorial para investigar el verdadero alcance de la devastación, cuyas conclusiones fueron la declaración en mayo de 2014 del estado de “emergencia sanitaria y medioambiental” de las cuatro cuencas fluviales.
• Concesiones petroleras y gasíferas ocupaban más del 80% de la Amazonía peruana al 2012. La extrema degradación de los bosques y su biodiversidad y ecosistemas asociados es provocada directa e indirectamente por los derrames permanentes producidos por la explotación de petróleo y gas.

Recursos

Ver infográficas del PUINAMUDT:
‘El daño no se olvida’: http://observatoriopetrolero.org/el-dano-no-se-olvida/

‘Línea de tiempo: 42 años de explotación petrolera en territorios indígenas de Loreto’: http://observatoriopetrolero.org/linea-de-tiempo-42-anos-de-explotacion-petrolera-en-territorios-indigenas-de-loreto/

FONTE:

https://www.forestpeoples.org/es/environmental-governance-responsible-finance-private-sector-extractive-industries/articulo-de

Relacionados:

Peru – Pueblo Matsés exige no volver a licitar y anular Lote 137 Mineração na Calha Norte e a luta do Povo Matsés contra a indústria do petróleo Loreto reconoce oficialmente la vigilancia ambiental indígena