La paralización dispuesta multó con 230,000 dólares al consorcio por incumplir con la obligación de reestructurar la Fundación Nacional del Indio (Funai) en la región, una agencia nacional creada en 1967 para proteger los derechos de los indígenas brasileños.

Según la justicia los indígenas están “abandonados a su propia suerte” negociando directamente con el consorcio sus demandas. Cabe precisa que el fin del permiso se mantendrá hasta que Norte Energía SA y el gobierno brasileño cumplan la obligación de construir una sede de la Funai y contratar personal para atender las demandas de los pueblos originarios.

El compromiso se adquirió en el año 2010 y el 2015 se exigió a la empresa presentar un plan para cumplir dicho compromiso pero según la autoridad judicial este no fue elaborado.

La reestructuración de la Funai fue ordenada por un juez en 2014 debido a que “todas las estaciones de la Funai en las comunidades indígenas cercanas al sitio del proyecto se han cerrado. La agencia Reuters reportó que mientras en el 2010 la Funai tenía un personal de 60 personas actualmente solo tiene 23.

El megaproyecto cuestionado

La megarepresa Belo Monte se ubica en el río Xingú, en la Amazonía brasileña. Está destinada a ser la tercera represa más grande del mundo, detrás de la binacional brasileño-paraguaya Itaipú y de la de Tres Gargantas en China.

“La empresa Norte Energia obtuvo en el año 2010 una licencia preliminar para construir el complejo de la presa masiva, que incluye tres presas, una serie de canales y varios diques, a un costo total de casi 13.000 millones de dólares.

Se estima que cuando esté plenamente operativa debe proporcionar 11.233 MW, el 11 por ciento de la capacidad energética instalada en Brasil.

Graves impactos

Desde el comienzo de las obras en junio de 2011, indígenas y ambientalistas denuncian el gran impacto socioambiental de la represa, cuya construcción se ha visto interrumpida en varias ocasiones por órdenes judiciales, protestas indígenas o conflictos laborales.

“Se estima que hasta 20.000 serán desplazados de sus hogares para dar paso al proyecto, y los grupos indígenas y organizaciones ambientalistas dicen que la represa devastar el medio ambiente, lo que afecta la capacidad de las comunidades locales para desarrollas sus tradicionales actividades de subsistencia como pescar y cazar.

En 2011, las organizaciones de la sociedad civil acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y en el mismo año, la Comisión otorgó medidas cautelares a favor de los miembros de las comunidades indígenas de la cuenca del río Xingú.

En diciembre de 2015 la CIDH abrió el caso contra el gobierno de Brasil para que responda a las reclamaciones de violaciónes de derechos humanos que se han producido en relación con el proyecto de la presa de Belo Monte.