RSS - PostsLa gobernanza territorial indígena es un tema clave para enfrentar el cambio climático y es un asunto pendiente que no ha recibido la prioridad que merece en la agenda nacional, sostuvo el ingeniero Rodrigo Arce Rojas.
La generación, aplicación y consolidación de políticas públicas que favorezcan los derechos territoriales y las opciones sostenibles de manejo y conservación de bosques constituyen valiosas herramientas para hacer frente al cambio climático.
En un reciente artículo destacó la urgencia de atender los derechos territoriales de los pueblos indígenas así como el papel que cumplen los bosques frente a los impactos del calentamiento global.
Sus efectos “pueden afectar los servicios ambientales que ofrecen los bosques a las comunidades como la biodiversidad o el agua y forzarlos a trasladarse a nuevos territorios” indicó.
Observa que un asunto poco comentado respecto a los impactos de la inseguridad territorial se refiere a la “salud emocional de los pueblos indígenas y sus efectos adversos en la gestión de recursos naturales con horizontes de largo aliento”.
El traslape de otros derechos u concesiones sobre territorios indígenas “genera incertidumbre y disuade el emprendimiento de acciones de manejo y conservación de recursos naturales”.
“Más aún cuando sienten que sus opciones de vida no tienen la prioridad que sí se le asigna a la extracción de recursos naturales no renovables” detalló.
Cita un estudio de Alberto Chirif y Pedro García y advierte que el debilitamiento de la gobernanza territorial indígena se evidencia en una drástica reducción de los recursos de subsistencia, la desprotección real y la “pérdida paulatina de la capacidad de regular, excluir, ordenar o decidir acerca del destino de los territorios”.
Citando a Alberto Chirif puntualiza que uno de los factores que obra contra la integridad territorial son las decisiones de los propios comuneros para arrendar sus tierras, traspasar sus chacras o firmar acuerdos con extractores para explotar los recursos naturales de la comunidad, en un contexto de presión territorial.
Pone de relieve una opción generada desde la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica (COICA) a fin de reforzar el reconocimiento de los territorios indígenas como áreas de conservación; no en el sentido de incorporarlos a los sistemas de áreas protegidas sino en el de reforzar la estrecha interrelación entre pueblos indígenas y naturaleza.
Otra opción se refiere a la apuesta de los pueblos indígenas para una gestión territorial en el marco de una gobernanza indígena. Esto es posible sobre la base del reconocimiento del derecho a la autodeterminación y al desarrollo propio, y recuperando la visión holística y sistémica de los territorios incorporando los saberes ancestrales.
Es en este marco que la COICA señala que en cualquier debate, política o postura sobre cambio climático o sobre REDD+, una cuestión central para la pervivencia de los pueblos indígenas es y seguirá siendo las garantías a la seguridad territorial.
Para el caso peruano se trata de más de 10 millones de hectáreas lo que constituye un gran potencial. Y cualquier opción que se genere debe ser producto de procesos participativos y de consulta previa.
A continuación el artículo completo de Rodrigo Arce:
Incidencia de la afectación de los derechos territoriales indígenas de la Amazonía peruana en el cambio climático
Por Rodrigo Arce Rojas*
7 de enero, 2014.- El tema de los territorios indígenas es un asunto pendiente en la agenda nacional que no ha recibido hasta ahora la prioridad que se merece tanto por tratarse de una situación que alude a los derechos territoriales de los pueblos indígenas como al papel que cumplen los bosques en territorios indígenas frente a los impactos del cambio climático.
Según COICA (2011) los Pueblos Indígenas son los más afectadas por los impactos asociados al cambio climático. Su dependencia del medio ambiente natural, a sus actividades tradicionales y al acceso a los recursos naturales para su supervivencia física, económica, cultural y espiritual los hace altamente vulnerables a los cambios de ciclos climáticos. La situación se agrava frecuentemente por la frágil naturaleza de los territorios que ocupan y utilizan. Muchos ecosistemas de los que ellos dependen ya han sido dañados irreversiblemente.
De acuerdo con Rojas (2009) a partir de la Constitución Política de 1993 los territorios indígenas en el Perú dejaron de ser inalienables, conservando únicamente su carácter de imprescriptibles del régimen jurídico anterior, el cual garantizaba su inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad desde 1930. Lo anterior significa que, los territorios titulados a las llamadas comunidades nativas y campesinas, no tienen ninguna garantía de permanencia en poder de los pueblos indígenas para los cuales se reconoce su titularidad, y pueden ser vendidos o expropiados en procesos ordinarios de ejecución ejecutiva de prenda real como cualquier otro tipo de propiedad.
Según Richard Chase Smith del Instituto del Bien Común (2013) existen 1806 comunidades nativas inscritas, 537 sin titular y 126 sin inscribir y titular. Señala además que desde el 2008 no se titula ni una comunidad en el Perú.
Algunos de los problemas de los territorios indígenas en el país, entre otros, son:
- Políticos: Débil voluntad política para culminar los procesos de titulación de tierras, débiles incentivos para la generación de opciones productivas sostenibles a partir de los bienes y servicios de los bosques.
- Institucionales: Corrupción, dilución de responsabilidad institucional para la titulación de tierras indígenas.
- Técnicos: Uso de diferentes coordenadas.
- Legales: Marco legal que en la práctica privilegia la propiedad individual que la propiedad colectiva, traslape de otros derechos (concesiones)
- Sociales: Invasión de territorios por parte de colonos, división en anexos que posteriormente reclaman autonomía.
- Culturales: Nuevas prácticas productivas que no necesariamente conservan los patrones culturales de estrecha relación entre los pueblos indígenas y sus territorios.
- Ambientales: Pérdida de biodiversidad, fragmentación de hábitats, escasez de agua.
- Económicos: Tierras insuficientes para poblaciones en crecimiento, nuevas prácticas de ocupación y uso del territorio y sus recursos.
Del análisis de los problemas podemos encontrar que algunos son de manejo y responsabilidad externa y otras refieren al manejo y responsabilidad interna. Otros casos refieren a una interrelación con actores externos como madereros y mineros auríferos que son llamados por los indígenas para hacer acuerdos de explotación de los recursos, por lo general muy desventajosos para estos últimos (Chirif y García, 2007).
También podemos entrever problemas que afectan directamente a los pueblos indígenas y problemas que terminan finalmente impactando no solo a las poblaciones nacionales sino también a la población del planeta. Así por ejemplo, la pérdida de resiliencia de los bosques, como consecuencia de la deforestación y degradación de bosques, no solo afecta a las poblaciones indígenas calificadas de alta vulnerabilidad por su estrecha dependencia con los recursos naturales sino también a la humanidad en su totalidad.
Aunque todavía es vigente el tema de la estrecha interrelación entre los pueblos indígenas ya no es posible generalizar. De acuerdo con Chirif y García (2007) existen casos en los que las personas han escapado de los controles sociales para incursionar, como individuos, en actividades lucrativas que reproducen a escala en interior de la comunidad los mismos patrones de desigualdad de la sociedad de mercado. Los autores mencionan además el caso de indígenas desarticulados por completo de su matriz étnica, que hacen parte de las masas anónimas de los barrios marginales en ciudades.
Chirif (2012) en un Informe sobre los derechos indígenas en la legislación peruana – como parte de la campaña Territorios seguros para las comunidades en el Perú – señala entre sus conclusiones que uno de los factores que ha obrado en contra de la integridad territorial de las comunidades han sido las decisiones tomadas por los propios comuneros para arrendar sus tierras, traspasar sus chacras a terceros o firmar acuerdos con extractores para explotación de recursos naturales de la comunidad. Los arriendos de tierras han proliferado en la selva central, donde podría entenderse por la pequeñez de las comunidades y el mar de colonos que los circunda.
Estas constataciones, lejos de debilitar los derechos territoriales de los pueblos indígenas, llevan precisamente a reconocer la urgencia de su atención tanto por las propias personas implicadas como a nivel nacional y global respecto a la importancia de los bosques en territorios indígenas para hacer frente al cambio climático. Feldt (2011) indica que los efectos del cambio climático pueden afectar los servicios ambientales que ofrecen los bosques a las comunidades como la biodiversidad o el agua. Así mismo, puede forzarlos a trasladarse a nuevos territorios.
Chririf y García (2007) señalan que a consecuencia de las diversas intervenciones que afectan la gobernanza territorial indígena se hacen evidentes:
- Una reducción drástica de los recursos naturales de subsistencia.
- La desprotección real de los territorios indígenas.
- Pérdida paulatina de la capacidad de regular, excluir, ordenar o decidir acerca del destino de los territorios.
- Aplicación de criterios de uso y acceso que responden a la normativa legal o a la agenda de actores externos en detrimento de mecanismos propios de eficacia secular.
- Sensible pérdida de la “conectividad” funcional de los diferentes espacios territoriales.
- Aparición entre los jóvenes de nuevos paradigmas orientados hacia valores externos no siempre compatibles con la sostenibilidad territorial.
- Mermas progresivas, entre las nuevas generaciones, en el conocimiento de los componentes territoriales, su funcionamiento y aprovechamiento.
- Asignación de nuevos objetivos de desarrollo de los territorios legalizados (monocultivos, extracción maderera, arrendamiento u otras).
- Nuevo tipo de problemas sociales: dependencia alimentaria, migración, divisionismo, negociación asimétrica de los recursos e incluso de los espacios, territoriales, entre otros.
Un asunto poco comentado respecto a los impactos de la inseguridad territorial refiere a la salud emocional de los pueblos indígenas y sus efectos adversos en la gestión de recursos naturales con horizontes de largo aliento. Es posible imaginar que territorios indígenas con traslape de otros derechos (concesiones) genera incertidumbre y disuade el emprendimiento de acciones de manejo y conservación de recursos naturales, más aún cuando sienten que sus opciones de vida no tienen la prioridad que sí se le asignan a la extracción de recursos naturales no renovables.
Una opción generada desde la COICA, y que debería recibir mayor atención, refiere al reconocimiento de los territorios indígenas como áreas de conservación, en el seno de la UICN. Obviamente, no se refiere a la incorporación de los territorios indígenas a los sistemas nacionales de Áreas Naturales Protegidas sino al reforzamiento del espíritu, aún vigente pero que es necesario reforzar, de la estrecha interrelación entre los pueblos indígenas y la naturaleza. Otra opción refiere a la apuesta de los pueblos indígenas para la gestión territorial en el marco de gobernanza indígena. Estas alternativas, basadas en el reconocimiento del derecho a la autodeterminación y al desarrollo propio, tratan de recuperar la visión holística y sistémica de los territorios incorporando los saberes ancestrales, sin desconocer los aportes de la ciencia y tecnología accidental que tienen pertinencia cultural (REDD+ Indígena Amazónico). Es en este marco que COICA señala que “en cualquier debate, política o postura sobre cambio climático o sobre REDD+, de la cuestión central para la pervivencia de los pueblos indígenas, que fue, es y seguirá siendo, las garantías de seguridad territorial” (Reátegui, 2012).
Por las razones anotadas se concluye que tanto el reconocimiento de los derechos territoriales como la generación, aplicación y consolidación de políticas públicas que favorezcan las opciones sostenibles de manejo y conservación de bosques constituyen valiosas herramientas para hacer frente al cambio climático.
En el caso peruano estamos hablando de algo más de 10 millones de hectáreas lo que constituye un gran potencial. No obstante, debe quedar claro que cualquier opción que se genere debe ser producto de procesos participativos y de consulta previa.
Bibliografía revisada:
– Chirif, Alberto. 2012. Derechos indígenas en la legislación peruana. Informe final. Territorios seguros para las comunidades en el Perú. Lima, 37 p.
– Chirif, Alberto y García, Pedro. 2007. Marcando territorio. Progresos y limitaciones de la titulación de territorios indígenas en la Amazonía. Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA). Copenhague, 340 páginas.
– COICA, 2011. El Cambio Climático y los Pueblos Indígenas de la Cuenca Amazonas. Foro de Líderes Comunitarios para el Intercambio sobre PSA y REDD. Antigua, Guatemala. 14 diapositivas.
– Feldt, Heidi. 2011. Fortalecimiento de Organizaciones Indígenas en América Latina: Pueblos Indígenas y Cambio Climático. Relación entre cambio climático y pueblos indígenas y sus posiciones en el contexto de las negociaciones en la Convención Marco sobre el Cambio Climático. GIZ. Eschborn, 15 p.
– Reátegui, Juan. 2012. Construcción de REDD+ Indígena Amazónico y Gestión Holística de Territorios de Vida Plena y sus Lecciones. COICA/BID. 3 p.
– Rojas, Biviany. 2009. REDD en Territorios Indígenas de la Cuenca Amazónica. ¿Serán los pueblos indígenas los directos beneficiarios? Instituto Socioambiental ISA. Brasil, 93 p.
* Rodrigo Arce Rojas es ingeniero forestal. Su correo es: [email protected]
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