El Estado peruano no tiene un registro de los pasivos ambientales que la actividad de hidrocarburos ha provocado en la amazonía fue una de las conclusiones del segundo informe semestral del Observatorio de Conflictos Socioambientales Amazónicos: Vigilante Amazónico. 

La ausencia de dicho inventario impide identificar a los responsables de la afectación al ambiente como la contaminación, la deforestación y otros secuelas dejando estas actividades en la impunidad.

A diferencia con el sector minero que lleva un registro de los pasivos dejados por esta actividad, en la amazonía peruana no se sabe cuántos pasivos ambientales existen a consecuencia de la actividad hidrocarburífera porque no existe una institución que lleve el registro.

Minam y Minem se echan la pelota

El antropólogo Miguel Valderrama dijo que no se tiene claro si es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), a cargo del Ministerio del Ambiente o el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), del Ministerio de Energía y Minas.

Desde el 2012, la Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo llamó la atención del Ministerio de Energía y Minas y al del Ambiente para que empiecen a elaborar inventario inicial de pasivos ambientales derivados del sector hidrocarburos.

La abogada Lissette Vásquez de la Defensoría dijo que desde el 2007 entró en vigencia la Ley que regula los pasivos ambientales del Subsector Hidrocarburo.

“Después del primer pedido de la Defensoría (marzo 2012), Osinerming respondió que no tenía las competencias que llevar a cabo el registro de pasivos. De la misma forma reaccionó la OEFA”, dijo Vásquez.

La abogada agregó que luego de un tira y afloja, recién este año la OEFA respondió que están planificando la identificación de pasivos. Lo que implicará empezar con el trabajo de campo en las zonas afectadas para luego hacer un registro, documento indispensable para que el Estado identifique a los responsables, disponga alguna forma de sanción como el abandono del área deprimida y empiece un plan de remediación.

El informe del Observatorio recoge la demanda de algunas comunidades nativas como las que habitan en las riberas del río Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, cuyos pueblos indígenas se han visto afectados por 40 años de actividad petrolera en la zona.

Ellos han pedido explícitamente que se atienda toda una serie de pasivos ambientales e impactos sociales dejados por ella, antes de iniciar el proceso de consulta para un nuevo contrato de concesión. Para este caso se viene preparando el plan del primer proceso de consulta para el lote 192 (ex 1AB) cuyo operador actual es la empresa Pluspetrol, ubicada entre las provincias de Alto Amazonas y Loreto.

Alfonso López, representante una de las organizaciones indígenas dijo: “A la fecha no se ha identificado los pasivos ambientales y a los responsables y así ya se quieren entregar nuevos lotes petroleros”.

Si el Estado desea mejorar sus relaciones con los pueblos amazónicos afectados, tendrá que absolver toda duda respecto a los alcances de la consulta, resolviendo los pasivos ambientales e impactos sociales. Esto implica, solo para el primer caso, el reconocimiento e identificación de pasivos en la zona, recomendó el informe del Observatorio.

FONTE  :  http://servindi.org/actualidad/82147