RSS - PostsCrece la controversia en Venezuela entre el Gobierno y organizaciones indígenas luego de que dos ministros afirmaran que no se encontraron pruebas de la presunta matanza de indígenas yanomami.
Como se recuerda, la reciente denuncia que hicieron organizaciones Yanomami acerca de una matanza en una comunidad indígena en la zona fronteriza con Brasil causó preocupación en sectores del Gobierno y de organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos indígenas.
Al trascender la noticia, el gobierno de Venezuela organizó una comisión que junto a personal de las Fuerzas Armadas se dirigió al lugar de la presunta matanza para esclarecer lo ocurrido.
“Falsa noticia”
El ministro de defensa de Venezuela, Tareck el Aissami, señaló ayer, a través de la cadena televisiva estatal, que la presunta matanza de indígenas yanomamis es una “falsa noticia”.
“Visitamos todas las comunidades yanomamis y, por fortuna, se encuentran sin ningún tipo de hecho que lamentar o alguna situación de violencia”, aseguró.
“Las comunidades agradecen, más bien, todo el apoyo que les ha ido brindando el Gobierno bolivariano y, gracias a Dios, no existe ningún hecho de violencia”, añadió el ministro.
Las declaraciones del ministro respaldan la versión de la ministra para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, quien aseguró que la comisión oficial enviada a la zona no encontró evidencia de la supuesta masacre.
Rechazan conclusión oficial
Por su parte, la ex diputada Pastora Medina, afirmó que la ministra de Pueblos Indígenas mintió al decir que no se encontró evidencias de la presunta matanza, puesto que la comisión enviada no podría haber llegado a la zona en el tiempo transcurrido desde que empezaron las investigaciones.
“En 24 horas es imposible conseguir la información. Primero, tendrían que ir a La Esmeralda en avioneta, de allí tomar un helicóptero hasta Parima y luego caminar por seis días hasta Irothateri, en el Alto Ocamo. Regresar lleva el mismo tiempo”, aseguró.
En tanto que el secretario ejecutivo de Pueblos Indígenas de la Gobernación del Estado Amazonas, Hilario Linares, exigió al Gobierno que demuestre con fotografías que la comunidad de Irotatheri se encuentra a salvo.
Asimismo, anunció que se encuentra organizando un encuentro con líderes indígenas a fin de encontrar medios para llegar al lugar de la supuesta matanza.
Igualmente, informó que se espera la respuesta de la solicitud que la Secretaría Regional de Asuntos Indígenas cursó al general Jesús Zambrano, para llegar al sitio.
Por su parte, El Gobernador del estado de Amazonas, Liboro Guarulla, cuestionó que la comisión no llevó al lugar a representantes de las organizaciones indígenas ni a periodistas.
Denuncian secuestro de indígena
Liboro Guarulla acusó a la 52 Brigada de Infantería del Ejército de haber secuestrado al secretario ejecutivo de Horonami Organización Yanomami Luis Shatiwe y a otras dos personas que denunciaron la presunta masacre en una comunidad yanomami.
“Luis Chatiwe, la primera persona que habló públicamente, fue llevado a la guarnición y se le prohíbe hablar, señaló Guarulla. Él no cometió ningún delito así que podemos decir que él, junto a otros dos más, está secuestrado”, añadió.
Asimismo, denunció que el Gobierno no permite que organizaciones defensoras de los derechos indígenas ni la prensa accedan a la zona.
Responsabilizan a militares
Andrés Avelino Álvarez, diputado del partido “Nuevo Tiempo” que rivaliza con el presidente Chávez en la campaña electoral, señaló que no hay una política de Estado en resguardo de la frontera venezolana.
Asimismo, responsabilizó a los generales Jesús Zambrano Mata y Pinto Gutièrrez por presuntas irregularidades en la zona fronteriza.
El legislador denunció que los militares de la zona “trafican con el oro y por eso desalojan a comunidades indígenas de la minería cooperativista para hacer negocio”, afirmó.
Igualmente, coincidió en señalar deficiencias en la investigación del caso. “La fiscalía se trasladó al sitio con un pelotón de la guardia nacional, pero no se llevaron, por ejemplo, a médicos forenses”, anotó.
Indígenas se pronuncian
En un comunicado, las organizaciones integrantes de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de Amazonas (Coiam) rechazaron el anuncio oficial sobre la inexistencia de pruebas de la presunta matanza, pues aseguran que la comisión enviada no llegó a la comunidad Irotatheri.
“Nos preocupa que a pesar de que la Comisión estuvo en la Comunidad de Momoi el día 02 de septiembre de 2012, la comisión no llegó al Shapono de Irotatheri, lugar donde presuntamente habrían ocurrido los hechos en el mes de julio de 2012. Por esta razón no se puede decir que no se encontró evidencia alguna que demuestre la presunta masacre” señalaron.
Asimismo, exigieron que se continúe investigando “hasta llegar a la comunidad Irothateri, lo cual permitiría determinar con exactitud lo que sucedió”.
Finalmente, pidieron que Brasil y Venezuela controlen “las agresiones violentas contra el pueblo Yanomami”, de parte de mineros ilegales brasileros.
Conflicto electoral
El tratamiento del caso se complica por la proximidad de las elecciones presidenciales en Venezuela. Sectores oficialistas y opositores se acusan mutuamente de manejar políticamente el tema.
Por un lado, el general Zambrano Mata afirmó, que no es la primera vez que surgen este tipo de noticias, y sugirió que el caso estaría siendo utilizado por los opositores al Gobierno para desestabilizarlo en una plena época electoral.
De otro lado, Liborio Guarulla, lamentó que la denuncia haya tenido lugar en plena campaña política.
“El gobierno considera que todo escándalo le perjudica en este momento, por lo que ordena callarlo”, anotó.
Asimismo, el obispo Divassón Cilveti lamentó el intento de politización del problema, y recalcó la importancia de “llegar a la verdad”.
El religioso subrayó la necesidad de llegar hasta la comunidad probablemente afectada y advirtió que otras comunidades yanomami corren peligro por los mineros informales o “garimpeiros”.
Del mismo modo, recordó que la presencia de garimpeiros trae consecuencias al medio ambiente, así como violencia y enfermedades que ocasionan muertes en la población indígena vulnerable.
