Según los denunciantes, nacionales brasileños dedicados a la minería clandestina, conocidos también como garimpeiros, dispararon contra un ‘shabono’ (aldea yanomami) en el que habitaban al menos 80 indígenas y después quemaron la casa que servía de vivienda para el grupo.

“Testigos que hablaron con tres sobrevivientes del ataque contaron que la comunidad Irotatheri fue asaltada y que ahí viven aproximadamente 80 personas. Ese es el número de muertos que estamos manejando, pero este dato es aún indeterminado”, le dijo a BBC Mundo Luis Shatiwë, secretario ejecutivo de la organización yanomami Horonami.

La denuncia formal se presentó ante la Fiscalía Superior y la oficina de la Defensoría del Pueblo en Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, y también ante la 52 Brigada de Guarnición Militar, que tomó declaraciones a los testigos.

Dificultad de verificar los hechos

Los expertos que conocen la región y la realidad de estas comunidades pidieron cautela y advirtieron sobre la dificultad de verificar la exactitud de estas denuncias, en parte por lo complicado que es el acceso a la zona conocida como el Alto Orinoco.

Si bien es sabido que en los últimos años han aumentado los roces entre los indígenas locales y garimpeiros, cabe recordar que en casos de peligro, los yanomami pueden esconderse en la selva, por lo que la desaparición de la comunidad no implicaría necesariamente que sus miembros hayan muerto.

Sin embargo, la magnitud de la denuncia llevó al gobierno venezolano a comprometerse a investigar los hechos, según expresó en un comunicado oficial. BBC Mundo intentó sin éxito contactar con la viceministra de Pueblos Indígenas, Yamileth Mirabal.

Conflicto de décadas

El problema entre los garimpeirosy los yanomami no es nada nuevo, como explicó la antrópologa Hortensia Caballero a BBC Mundo.

“Las primeras incursiones de garimpeirosilegales que se registraron entrando en la frontera venezolana datan de finales de la década de los 80″, señaló.

El estado venezolano ha tratado de controlarlo colocando algunas bases militares en puntos fronterizos, pero el conflicto no termina de resolverse.

“Aparentemente es un problema que se ha tratado de controlar pero quizá no con tanto cuidado como se debía, por eso ahora viene nuevamente este tipo de denuncia que habla de una masacre, no se sabe bien cuántos yanomami murieron”, manifestó la antropóloga venezolana.

Un abogado que trabaja con organizaciones indígenas en el estado Amazonas y que prefiere mantener el anonimato por temor a represalias, expresó a BBC Mundo su preocupación por el cariz que está adquiriendo la situación.

“Debido a la subida del oro, hay una incursión muy fuerte de minería ilegal en toda la zona, y con ella, todo un sistema de delincuencia organizada. Más allá de la situación del pueblo yanomami, que es algo puntual, es una realidad que se está generalizando a nivel de todo el estado”, subrayó.

Masacre de Haximú

En 1993 hubo una incursión de garimpeirosen la comunidad Haximú, en territorio venezolano, tras la cual se pudo corroborar la muerte de 16 yanomami.

“En ese momento”, sostuvo la antropóloga Caballero en declaraciones a BBC Mundo, “el estado venezolano comenzó a involucrarse cuando se dio cuenta de que la matanza fue en su territorio.

“Un grupo de derechos humanos con sede en Puerto Ayacucho acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por considerar que el gobierno venezolano actuaba de forma negligente, y la CIDH le dio la razón a los yanomami”, agregó.

El Estado venezolano suscribió en 1999 ante la CIDH un acuerdo de solución amistosa, en el que se comprometió a diseñar, financiar y poner en funcionamiento un Programa Integral de Salud dirigido al pueblo yanomami; así como a promover la suscripción de un acuerdo con el gobierno de Brasil, para la vigilancia y control de la minería ilegal en el área yanomami.

Extrema vulnerabilidad

Los expertos consultados por BBC Mundo coincidieron en resaltar el éxito del proyecto de salud yanomami durante los primeros años, pero lamentaron que el servicio se haya deteriorado de un tiempo a esta parte.

Los casos de muertes por problemas de salud se han multiplicado últimamente. La contaminación de los ríos se ha agravado, han surgido brotes de paludismo y tuberculosis, y la malaria sigue estando presente.

La antropóloga Hortensia Caballero añadió que todo el territorio fue declarado reserva de biosfera del Alto Orinoco-Casiquiare, y la zona propiamente yanomami corresponde al Parque Nacional de Parima-Tapera pecó.

“Cuando se crearon estas dos figuras con un régimen de administración especial se hizo también con la intención de proteger a las poblaciones indígenas”, dijo la investigadora.

En conversación con BBC Mundo, el abogado de Amazonas no se mostró optimista al respecto. En su opinión, hay que manejar todo lo que está sucediendo a alto nivel. Agotar las instancias nacionales para luego acudir a las internacionales.

“Otros colegas han elevado esto en la Relatoría de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, empieza a haber informes a esas instancias”, reconoció, pero recalcó que la parte indígena es muy vulnerable y hay enorme debilidad en cuanto a las formas de denuncia.

Esta vulnerabilidad es la que quieren revertir las organizaciones de las comunidades indígenas, y el caso de la denuncia de esta semana puede ser el comienzo de una etapa de mayor fortaleza.

De momento, la organización yanomami Horonami solicitó que las autoridades faciliten el traslado de militares y representantes yanomami a la comunidad atacada, y les dieron un plazo de 72 horas para que cumplan con este pedido.

“Si pasados esos tres días, no se atiende nuestra petición, estamos dispuestos a viajar a la capital venezolana, Caracas, para hacer uso de nuestro derecho de palabra ante la Asamblea Nacional”, declaró Luis Shatiwë a BBC Mundo.

“Queremos que se haga justicia, que de verdad el estado venezolano y Brasil activen todo esto, que hagan valer nuestros derechos”, concluyó Shatiwë.

FONTE  :  http://servindi.org/actualidad/71418 – http://servindi.org/actualidad/71400