RSS - PostsLos últimos años, la población de la Amazonía se ha sentido invadida con el “boom” de las inversiones o los “mega proyectos”, todos impuestos bajo la bandera del crecimiento económico. Esta modalidad de repartición del territorio nacional sin previa planificación la consagró el ex presidente Alan García, es el gobierno que más concesiones ha otorgado, cerrando su gestión con 25 millones de hectáreas concesionadas. En la mayoría de los casos, los procesos de evaluación de estas inversiones o mega proyectos, no han cumplido con una adecuada planificación territorial trayendo consigo impactos negativos y focos de futuros conflictos sociales.
La Amazonía peruana tiene alrededor de 78 millones de hectáreas, sin embargo, casi 47 de ellas tienen concesiones de hidrocarburos (60%). La creación de áreas naturales protegidas muchas veces ha quedado subordinada a las actividades extractivas y a una administración que no incluye a los pueblos indígenas, desconociendo incluso territorios ancestrales. Actualmente hay cerca de 16 lotes de hidrocarburos superpuestos irregularmente sobre 12 áreas naturales protegidas.
En el mapa de Amazonas se puede ver cómo los lotes de hidrocarburos concedidos por el Estado se superponen a zonas reservadas, reservas comunales y zonas de amortiguamiento. La petrolera francesa Maruel Et Prom Perú tiene la concesión del Lote 116, ubicado entre las provincias de Condorcanqui y Bagua. Este lote se superpone al Área Natural Protegida (ANP) Zona Reservada Santiago Comaina, y a ANP Reserva Comunal Tuntanain (48,5 %) creada en el 2007. En la frontera de Perú con Ecuador, el pueblo awajún y wampis, asentados en la zona ancestralmente, se han opuesto a la exploración minera de Afrodita S.A., subsidiaria de la compañía canadiense Dorato Resources. Esta obtuvo unas 5.100 hectáreas de concesión que inicialmente estuvieron destinadas a formar parte del Parque Nacional Ichigkat Muja – Cordillera del Cóndor, como área natural protegida. La presencia de la minera sobre el ANP pone en peligro los ríos Cenepa y Marañón que podrían ser contaminados con mercurio y cianuro.
La construcción de la hidroeléctrica de Pakitzapango perjudicaría de manera considerable el modo de vida de las comunidades asháninkas asentadas en las orillas del río Ene, en Junín. El área se superpone en 10 comunidades (Saniveni, Potsoteni, Mencoriai, Meteni, Quiteni, Cutivireni, Camantavishi, Centro Tsomaveni, Quimaropitari y Shimpenshariato). El Megaproyecto Tambo 40 afectaría los ámbitos del Corredor de Conservación Vilcabamba Amboró, corredor biológico que se encuentra en el “Hotspot” (“puntos álgidos de biodiversidad”) de los Andes tropicales, considerado además como una de las regiones más diversas del mundo y de más alto nivel de endemismo. Además incluye la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Asháninka y abarca parte de la Reserva Comunal misma.
Sobre la Reserva Nacional de Pucacuro, en Loreto, territorio de las comunidades kichwas del Napo, los Lotes N° 39, 67 y 129. Repsol Exploracion Perú es la operadora principal del lote 39, con una extensión de 745 141, 204 hectáreas. En la actualidad la empresa Repsol se ha proyectado realizar dentro del área de la Reserva Nacional un total de 21 pozos exploratorios. Otros lotes concesionados se ubican sobre el territorio de comunidades nativas tituladas. La minería ilegal en este punto del mapa también origina conflictos entre mineros, Estado y comunidades indígenas causados por la falta de control y ordenamiento del territorio. Las autoridades indígenas tienen el temor que la incursión de dragas (las embarcaciones donde se traslada el oro) crezca a niveles insostenibles y produzcan un daño mayor sobre el medio ambiente.
Talismán Petrolera del Perú es el actual operador del Lote 103 en San Martín. La petrolera se superpone al Área de Conservación Regional – Cordillera Escalera. Esta fue la primera área de conservación de carácter regional establecida en el Perú y en su interior nacen cinco cuencas hidrográficas tributarias de los ríos Huallaga y Marañón, con lo que las actividades de hidrocarburos representan una amenaza a las fuentes hídricas de las principales ciudades de San Martín, como Tarapoto y Lamas, así como a los territorios de los pueblos indígenas de la Región.
La deforestación de 2,100 has de bosque en el fundo Palmas de Oriente, ha producido un impacto significativo sobre el ecosistema local, principalmente en lo referido al acceso directo de los pobladores a recursos complementarios para su dieta diaria en los bosques, impidiendo practicar sus actividades tradicionales, como la recolección, la caza, o la agroforestería, atentando de ese modo contra la seguridad alimentaria de la zona.
El proyecto del Gas de Camisea, la Carretera Interoceánica Sur, el Acuerdo Energético Perú – Brasil son algunas de las inversiones o mega proyectos de la región Andino Amazónica. La Carretera Interoceánica Sur forma parte de la agenda de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). Este proyecto vial consistió en la construcción y rehabilitación de 2,585.66 km. de carretera que atravesarían ocho departamentos de la macro región sur del Perú: Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Ica, Madre de Dios, Moquegua y Puno. La Carretera Interoceánica Sur atraviesa por ecosistemas alto andino y amazónico de gran diversidad biológica y heterogeneidad cultural, con presencia de áreas naturales protegidas, bosques de producción y tierras de pueblos indígenas como la Reserva Nacional de Salinas y Agua Blanca, el Parque Nacional de Bahuaja Sonene, la Reserva Nacional del Tambopata.
Otro caso de superposición es el Lote 76 que se superpone a la Reserva Comunal Amarakaeri y afecta a varias comunidades Harakmbut. Las actividades de hidrocarburos podrían poner en peligro la existencia de los pueblos Harakmbut, Yine y Machiguenga. Perupetro S.A. no ha desarrollado procesos de consulta con Pueblos Indígenas.
Otro problema con la lotización de la Amazonía se debe a la superposición de ciertos lotes con reservas territoriales para Pueblos Indígenas aislados o no contactados 4 lotes se superponen a 4 reservas territoriales.
Concesiones petroleras de Petrobras, Repsol, Hunt Oil, entre otras compañías, se superponen a áreas protegidas, algunas de las cuales son prioritarias para la conservación de la biodiversidad, o por proveer recursos naturales para la subsistencia de los Pueblos Indígenas. Ante esto, los pueblos indígenas pueden sentirse excluidos del plan de “desarrollo” que promueve el Estado y desembocar en conflictos sociales, por ello debe ser una prioridad del Estado implementar políticas de ordenamiento territorial en el país.
“La mayoría de los conflictos sociales estallan debido a la ausencia de planes de ordenamiento del territorio. El país no cuenta con un mapeo que reconozca por ejemplo, las zonas que serán destinadas a la actividad minera, petrolera, la construcción de mega proyectos, más bien, se otorga concesiones, se imponen proyectos y se pasan por encima, de zonas vulnerables como áreas naturales protegidas o territorios de comunidades indígenas o zonas de reservas de agua de gran importancia. Este es el escenario propicio para que se genere un conflicto entre la población y ciertas empresas dedicadas a las actividades extractivas”.
Con información proporcionada por la Plataforma Ordenamiento Territorial: http://plataformaparaelot.blogspot.com/2012/07/lotes-de-hidrocarburos-en-areas.html (DISPONÍVEL EM: JULHO 2012)
