El 9 de abril pasado, el presidente de la TCO Tierras Comunitarias de Origen) Multiétnico II del departamento de Pando, Francisco Hilcha, denunció a través de la agencia de noticias Erbol que el gobierno de Evo Morales entregó concesiones mineras a empresas brasileras para explotar el oro de ese territorio indígena, sin previa consulta. 

Según el reporte de Erbol, Hilcha concretizó su denuncia acusando al actual ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana de haber influido para que las áreas de explotación aurífera del territorio compartido en el TIM II por las naciones Esse Eja, Cavineño y Tacana sean concesionadas a empresas brasileñas y nacionales que han invadido el territorio ribereño de los indígenas con balsas y dragas.

Hilcha explicó que la actividad minera promovida por el Gobierno de Evo Morales afecta a ocho  de las 34 comunidades de su organización asentadas a orillas del río Madre de Dios porque las aguas de ese afluente ya están contaminadas por la actividad extractiva.

Francisco Hilcha recordó que este caso fue denunciado al hoy ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, cuando era director de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf); pero, según el dirigente, Quintana  le aseguró que las concesiones dentro de la TCO indígena “eran legales”, pese a que no hubo consulta.

El dirigente indígena asegura que fue el propio Quintana quien entregó las concesiones a súbditos brasileños cuando ejerció el Ministerio de la Presidencia durante el primer gobierno de Evo Morales. “Las concesiones las entregó el compañero Ramón de la Quintana hace cinco años para sacar el oro con el ingreso de las balsas por el río Madre de Dios que contaminan el agua”, afirmó Hilcha.

El silencio autoritario del Ministro

Ante aquellas graves acusaciones sostenidas por el líder indígena de Pando, la dirección de Sol de Pando dirigió un requerimiento informativo al Ministro de la Presidencia el pasado 18 de abril, hace exactamente una semana; pero esta autoridad gubernamental se negó a responder el  cuestionario que habíamos formulado buscando esclarecer las denuncias de Francisco Hilcha, entre otros aspectos relacionados a la política aurífera del Gobierno en la Amazonia.

Sol de Pando formuló las preguntas al Ministro mediante notas que fueron remitidas electrónicamente, con copias a su coordinadora de despacho, de manera reiterada el 18 y 20 de abril, explicando que nuestro medio periodístico viene realizando un seguimiento investigativo sobre la problemática del oro en la Amazonia boliviana y que en dicho trabajo la versión oficial de la autoridad involucrada es de suma importancia.

Seis preguntas sin respuestas

El requerimiento informativo dirigido a Quintana el 18 de abril contiene los siguientes puntos que el Ministro se negó a responder:

1.     ¿En qué consistió la gestión de Ademaf, bajo la Dirección suya, respecto a los yacimientos auríferos dentro las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) Multiétnico II del departamento de Pando?

2.     ¿Qué respuesta suya merecen las denuncias concretas que efectúa en su contra el dirigente indígena Francisco Hilcha?

3.     ¿Qué tratamiento oficial tiene la demanda indígena para que las TCO`s perciban regalías por la explotación aurífera en sus territorios?

4.     En julio del año 2010, a iniciativa de Ademaf, el Gobierno expulsó de unos yacimientos auríferos en la Chiquitania a 27 “garimpeiros” brasileños acusados de vínculos con el narcotráfico. ¿Fueron procesados dichos extranjeros bajo la Ley 1008 y/o cuál fue el desenlace del proceso legal respectivo tras su detención?

5.     ¿Cuántas concesiones y a qué empresas nacionales y/o extranjeras (favor detallar con nombres y apellidos) han sido adjudicadas de enero del 2010 a la fecha dentro los yacimientos auríferos del cerro San Simón, sobre el límite entre los departamentos de Beni y Santa Cruz fronterizo con el Brasil?

6.     ¿Cuántos yacimientos auríferos tiene registrados el Gobierno del Estado Plurinacional en el Norte Amazónico y la Chiquitania de Bolivia, y cuáles son en detalle?

El mito develado del cerro San Simón

En el film “Aguirre o la Ira de Dios”, uno de los clásicos del director alemán Werner Herzog realizado en 1972, se cuenta la historia narrada en las crónicas del fraile Diego Gaspar de Carvajal, capellán del conquistador Gonzalo Pizarro, historia según la cual, en 1542, poco después de la destrucción del imperio incaico, una expedición española partió del Perú rumbo a las selvas del Amazonas, en busca de la legendaria tierra de El Dorado. Aquella expedición fue encabezada por el descubridor de la Amazonia Francisco de Orellana, quien sin embargo no llegó a encontrar la fabulosa montaña de oro en la selva de la cual se hablaba en el imperio quechua como la fuente del oro que adornaba los palacios del inca Atahuallpa. Posteriormente, en 1561, 20 años después de la expedición de Orellana, otro conquistador, Lope de Aguirre, emprende la búsqueda de El Dorado bajo auspicios del Virrey, y en el camino enloquece rebelándose contra el propio Rey de España. En el siglo XVIII, finalmente, los misioneros jesuitas habrían encontrado el mítico cerro de oro, que era tan o más codiciado que el cerro rico de plata en Potosí. El Dorado que encontraron los jesuitas está ubicado cerca a Moxos, a orillas del río Itenez, en el actual territorio de Bolivia fronterizo con el Brasil;  se lo conoce actualmente como el cerro San Simón, tan fabuloso como el San Cristóbal de Potosí o el Mutún de Santa Cruz.

Los primeros datos históricos de explotación de oro en esta meseta dorada se remontan precisamente a la época de los jesuitas en el siglo 18, cuando la montaña era conocida como el “Cerro de Oro”. No existen registros oficiales de actividad minera con posterioridad al periodo jesuítico; aunque se sabe que la explotación aurífera en el lugar fue clandestina e informal durante todo el periodo republicano, con la incursión permanente de garimpeiros del Brasil. La intensidad de la actividad extractiva en la zona produjo uno de los más dramáticos etnocidios que se conoce en Bolivia, con la desaparición de los Guaragsug`we, etnia originaria del Itenez en franco proceso de extinción como los Pacahuara en Pando.

Tras el cierre de las minas de la Comibol en 1986, se produce un éxodo de mineros “relocalizados” que organizan las primeras cooperativas auríferas en la zona, llegando un total de 15 cooperativas mecanizadas en la actualidad.

En 1996 el Gobierno de Sánchez de Lozada firma un contrato de exploración por diez años con la trasnacional canadiense Eaglecrest Explorations. En el 2002, Eaglecrest realizó una inversión de 15 millones de dólares para ampliar sus operaciones de exploración con nuevos estudios de geología que, tras la llegada de Evo Morales al Gobierno, todavía estaban en media ejecución. Es de suponer que la trasnacional exige derechos adquiridos por esa inversión realizada.

Esta empresa solicitó al actual gobierno la ampliación del contrato suscrito con Sánchez de Lozada por otros diez años, pero no existe información oficial sobre las condiciones de dicha ampliación del contrato exploratorio, y si la misma abarcaría tareas de explotación. Lo que sí se sabe es que en el 2007 el entonces ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana encabezó las negociaciones para ampliar la permanencia de aquella trasnacional en el cerro San Simón; pero el funcionario se niega a explicar públicamente en qué consistió el negocio.

El emporio dorado de Eaglecrest

El área entregada por Sánchez de Lozada a Eaglecrest en San Simón abarcaba un total de 297 kilómetros cuadrados con diez concesiones. En esa superficie se han realizado alrededor de 300 perforaciones que abarcan 77.000 metros de vetas perforadas, hallándose en ese proceso, además de oro de alta ley, plata y manganeso, vetas de cuarzo hasta de 16 metros de espesor. Sólo en uno de sus depósitos, San Francisco, ya entrando a la parte brasileña, el cerro tiene una reserva probada de 1’600.000 onzas de oro con leyes que fluctúan entre los cinco y 20 gramos por tonelada. En la década de los noventa, se registró un flujo de 75.000 onzas de oro extraídas de este cerro.

En una de sus diez concesiones, Eaglecrest instaló una planta de concentración de oro con una capacidad nominal de 150 toneladas por día, y por procedimientos manuales produce 40 toneladas por día de oro semi-refinado. Los concentrados son enviados a Santa Cruz y luego se exporta a México para la fundición de Peñoles. La pregunta es ¿por qué Eaglecrest explota y refina oro y lo exporta a México si su contrato es solo de exploración?

En julio del 2010, el entonces director de Ademaf y hoy nuevamente ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana encabezó un aparatoso y violento operativo militar para “expulsar” del cerro a empresarios bolivianos y brasileños ilegales, acusándolos incluso de estar vinculados al narcotráfico. Sin embargo muchos de los afectados denunciaron que Quintana habría utilizado ese operativo para exigir cuotas destinadas a financiar sus campañas proselitistas en la zona, a cambio de renovar las concesiones, así como para beneficiar con nuevas concesiones a gente de su entorno personal. Se desconoce qué tratamiento tuvo la trasnacional canadiense durante dicho operativo militar.

Conflicto limítrofe por el oro

En septiembre del 2010, la entonces directora de Recursos Naturales de la Gobernación del Beni, Verónica Rodas, advirtió que además de la canadiense Eaglecrest existe una empresa norteamericana explotando yacimientos de manganeso del mismo cerro San Simón.

En octubre del mismo año, autoridades municipales del Itenez y Baures denunciaron que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (Inra) “saneó” las tierras colindantes al cerro San Simón desmembrando el territorio del Beni a favor de empresarios de Santa Cruz que poseen concesiones mineras en el lado “Paitití” del cerro. De ser evidente esa denuncia, se estaría gestando en la zona un indeseable conflicto limítrofe entre Santa Cruz y Beni, Y esperemos que este nuevo foco de violencia que tiende a balcanizar al país no sea otro fruto perverso de la irresponsable soberbia y falta absoluta de transparencia en las actitudes autoritarias del ministro Quintana, quien parece ostentar más poder que el propio presidente Evo Morales en estos enredos económicos y políticos donde entran en juego millones de dólares y miles de vidas.